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El último fallo de la Corte Suprema de EE.UU. contra Puerto Rico da otra estocada a la débil economía del territorio caribeño y evidencia el drama de un territorio sin soberanía.
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“Esto es prácticamente un jaque mate a la economía del país porque EE.UU. dice que no pueden declararse en bancarrota, a pesar de ser territorio norteamericano, pero tampoco tienen capacidad de tomar decisiones propias para reestructurar su deuda. Es una cuestión absurda”, considera el doctor en economía Javier Rodríguez, en declaraciones a RT.
La nación de Puerto Rico adeuda más de 72.000 millones de dólares. El gobernador Alejandro García Padilla ya explicó que no podrán cumplir con compromisos de 2.000 millones de dolares adicionales en julio, por lo que esperan una “crisis humanitaria” para la isla, donde habitan 3,5 millones de personas.
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La llamada ley de quiebra criolla, vetada hoy por la Corte Suprema y presentada en 2014 por legisladores puertorriqueños, consistía en renegociar la deuda con acreedores atraves de un proceso efectivo, que ayude a saldar compromisos por el orden de los 20.000 millones de dólares con compañias de servicios públicos.
El criterio de la Corte es que Puerto Rico no esta apto para promulgar su propia ley por ser un Estado Libre Asociado, en pos de que una modificación en el Código de Bancarrota efectuada en 1984 no incluyó esa posibilidad a territorios como la isla caribeña. Para Rodríguez, esa posicion sólo demuestra “el modus operandi del colonialismo financiero para asfixiar cualquier alternativa soberana”.
“La sentencia de la Corte muestra que el gobierno estadounidense es totalmente antidemocrático ya que impide cualquier iniciativa legislativa que salga de Puerto Rico y, a su vez, son incapaces de plantear un rescate. Si la isla es un estado más, quien debe pagar la deuda debe ser el Gobierno Federal”, señala Rodríguez.
Mientras se traba la jugada propuesta por la isla, se va avanzando en el Congreso un proyecto -aprobado por el presidente Barack Obama- para analizar la reestructuración de la deuda. El detalle de fondo es que la iniciativa apunta a una ruta que incluye la intervención de una junta fiscal norteamericana que “supervise” el proceso, esto implica involucrar a Washington en las políticas económicas que se apliquen en la isla en caso de un rescate.
“Ningún paquete de rescate se aplica sin perder soberanía. En esta situacion, creo que el Congreso está pasándole factura a Puerto Rico por el referendo”, considera el economista venezolano en referencia a plebiscito no vinculante de 2012, en el que se refrendó la posibilidad de que la isla dejara de ser Estado Libre Asociado: 61% votó por la estadidad, 33% por mantener su condición actual y el resto avaló la independencia.
Como podemos observar todo indica que Puerto Rico está a punto de caer en una fuerte crisis que derivara en una pobreza extrema.
Fuente: RT
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